Por: Reyes A. Peralta La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, contenida en la Ley 1-12, estableció “la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”. Han transcurrido ya siete años y no se ha cumplido este mandato de la Ley 1-12, el cual debió haberse iniciado “en un plazo no mayor de 3 (tres) años” después de promulgada. Dicho Pacto Fiscal está “orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, iv) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, v) racionalizar los esquemas tarifarios e