Renta Básica en República Dominicana

Por: Lic. Reyes Andrés Peralta

La renta básica consiste en un ingreso periódico pagado por el Estado a las personas o familias más carenciadas en términos económicos. Esta renta es una forma de política social redistributiva. El propósito es garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas pobres o en pobreza extrema con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y reducir las desigualdades sociales. En un Estado social el ingreso básico se agrega a los demás beneficios sociales como los de salud, educación y pensiones.

Este tipo de programa social se está discutiendo actualmente en varios países, incluyendo el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), organismo que se ha interesado en la implementación de un Ingreso Básico debido a los efectos causados por la pandemia del coronavirus en los sectores más carenciados.

En España, el Congreso aprobó en junio de este año un ingreso mínimo vital, que garantiza ingresos a las familias vulnerables desde 462 euros a 1,015 euros mensuales.

A raíz de la recién finalizada campaña electoral dominicana varios candidatos ofertaron ampliar los programas sociales existentes para mejorar las condiciones económicas de los sectores en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Cabe destacar el ofertado por uno de los candidatos, el cual se refería a convertir en ley los programas de ayuda a los sectores más vulnerables para evitar el clientelismo. Esta oferta reviste mucha importancia porque se acerca mucho al concepto de renta básica que hemos mencionado, ya que al convertirlo en ley existe la posibilidad de aumentar la cobertura a los estratos sociales más necesitados e incrementar el monto de las ayudas.

En República Dominicana existen varios programas de ayuda económica a las familias más carenciadas. Entre estos se citan el que se otorga con la tarjeta Solidaridad, a través del cual se concede  ayuda económica para comprar alimentos a aquellas personas de los estratos sociales más pobres.

También se adicionan los programas denominados bono luz para contribuir con el pago del servicio de energía eléctrica y el bono gas para ayudar con el gasto de este combustible utilizado para cocinar. Asimismo se otorga a choferes del transporte público como un subsidio para sus actividades del transporte de pasajeros, entre otras ayudas.

Estas variadas contribuciones han resultado insuficientes para cubrir las necesidades elementales de la población de menores ingresos y de aquellas en condiciones de pobreza extrema.

En este sentido tiene mucha relevancia convertir en ley el programa de asistencia a los sectores más carenciados en tanto lo acerca al concepto de renta básica.
Como señalamos antes, varios países están discutiendo la posibilidad de aprobar leyes de renta básica para mejorar significativamente el nivel de vida de las poblaciones pobres.

Generalmente, la renta básica se obtiene como un porcentaje del ingreso medio del país o del salario promedio. Por ejemplo, si en República Dominicana el salario promedio es de 13,500 pesos mensuales y se establece una renta básica del 75% del salario promedio, entonces la renta básica mensual ascendería a 10,125 pesos para cada ciudadano de los estratos sociales más vulnerables.

Sin embargo, mejorar de manera significativa las condiciones de vida de los segmentos poblacionales en situación de pobreza va a requerir ingenio para procurar los recursos necesarios que financiarían este ambicioso programa social.

El Pacto Fiscal pendiente, que es un mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberá abordarse en procura de ir en auxilio de las familias más necesitadas y hacer una sociedad más justa y equitativa.

Dentro de este pacto deberán identificarse soluciones inteligentes para tapar los agujeros de las leyes por donde se filtra la evasión y la elusión fiscal. También es prioritario mejorar de manera significativa la administración tributaria con el fin de incrementar los ingresos fiscales y evitar las pérdidas por evasión.

La implementación de un amplio programa social que dignifique el nivel de vida de la población en situación de pobreza no puede ejecutarse con un Estado fiscal débil como el que tenemos, con una presión tributaria de apenas 15% del PIB. Ningún país se ha desarrollado con un Estado fiscalmente débil.

En necesario que los ingresos fiscales aumenten por los menos al 20% o 22% del PIB para acometer tal programa, invertir en las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo, tener una justicia y un ministerio público bien pagados, policías con salarios justos para que garanticen la seguridad ciudadana, servicios de salud adecuados para una población sana y educación de calidad para todos.

Consideramos que una política social amplia debe estar fundamentada en un régimen tributario progresivo, eficiente y con equidad, en el cual paguen mayores tributos aquellas personas o empresas que posean mayores rentas y patrimonios. Mientras que las pequeñas empresas y los más pobres deberían tener tipos impositivos más bajos, para incentivar la creación y formalización de nuevas empresas y la generación de empleos formales y de calidad.